Recientemente
el gobierno ha propuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que establece, en lo referente a la traducción, que
si una persona extranjera comparece ante un tribunal o presta
declaración en una comisaría podrá tener los servicios de un
intérprete. Sin embargo, ese intérprete no tiene por qué ser una
persona con una formación específica en este tipo de procesos ni en
las dos lenguas que se requieran.
Diferentes
asociaciones de traductores e intérpretes en España se han
movilizado para frenar esta reforma tan perjudicial, que no solo
afecta a los intérpretes y traductores que han recibido una
formación específica y se han preparado para poder trabajar en este
tipo de procesos de la forma más adecuada y profesional posible,
sino también a los extranjeros que requieren de estos servicios para
que resuelvan su proceso judicial de forma justa.
A
continuación os dejo algunos enlaces en los que podéis leer más
información sobre este asunto, y si queréis, también podéis
participar para intentar frenar esta reforma.
Este
ejemplo es uno más de los que demuestran que los profesionales de la
traducción y la interpretación no están tan valorados como
deberían.
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